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jueves, 29 de diciembre de 2016

EL NUEVO MINISTERIO DE LA DEUDA PÚBLICA



Por Héctor GIULIANO (27.12.2016)

El desplazamiento de Alfonso Prat Gay y las circunstancias asociadas al hecho tienden a dejar en un segundo plano una cuestión tanto o más importante que la renuncia forzada del ministro: la creación de un Ministerio de la Deuda Pública.

Aunque la noticia es demasiado reciente como para hacer comentarios en firme y la complejidad de los cambios en curso dentro del gobierno Macri todavía no pueden ser debidamente evaluados - incluso el decreto correspondiente todavía no ha sido emitido - hay tres aspectos concurrentes que sí pueden ser destacados:

  1. La expulsión de Prat Gay está asociada al desdoblamiento del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas (MHFP) en dos: Hacienda y Finanzas, teniendo este último a cargo todo el paquete de la Deuda Pública.
  2. El ministro no renunció voluntariamente sino que fue forzado a ello y quien asumió la tarea de echarlo no fue el presidente Macri sino su Jefe de Gabinete, Marcos Peña, enfrentado internamente con Prat Gay y a cargo del  ámbito donde se toman las decisiones más importantes de gobierno.
  3. La oportunidad de su alejamiento – en medio de las fiestas de fin de año e inmediatamente antes de las vacaciones de verano, y rodeada la noticia con varios distractivos de prensa (especialmente los relacionados con la corrupción Kirchner) -  se da en momentos que el gobierno no puede mostrar resultados positivos de su gestión a través de las principales variables económico-financieras de la Argentina.
Vamos a intentar una interpretación fundada de estas observaciones personales.

El rol de Prat Gay, objetivamente hablando, estaba desdibujado desde el inicio de la gestión Macri: el Decreto 13/2015 (del 10.12) sustituyó el entonces Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP o MECON) por el nuevo Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas (MHFP), subdividiendo su competencia en seis de lo que eran sus secretarías y que pasaron a ser ministerios independientes: 1. Hacienda/Finanzas (las únicas que quedaron dentro del MHFP), 2. Trabajo, 3. Agro-Industria, 4. Energía, 5. Transporte y 6. Producción.

El margen de decisión del MHFP, por lo tanto, devino así fuertemente recortado desde un comienzo, limitándolo fundamentalmente al manejo de las cuentas fiscales -  ya que Hacienda y Finanzas Públicas son sinónimos técnicos (aunque incluyen el tema sustancial de la Deuda Pública) -  y sin capacidad para imponer en forma unilateral sus criterios en materia de Política Económica general.

Con el agravante que después de un año de gobierno la administración Macri todavía no ha presentado un programa integral y concreto de tal Política Económica.
Además, la dependencia o coordinación de la Jefatura de Gabinete de Ministros (JGM), a cargo de Marcos Peña y sus dos vice-ministros – Mario Quintana y Gustavo Lopetegui – que es donde se tomarían las principales decisiones de gobierno, se reveló muy conflictiva.
En estas condiciones, el papel del ministro Prat Gay quedaba con facultades desbalanceadas ya que no tenía poder decisorio propio sobre temas que ya no abarcaba su área, como el caso de precios/tarifas de servicios públicos, transportes/comunicaciones, relaciones con las provincias, economías regionales, etc., y tampoco sobre el problema clave de una política financiera - monetaria, cambiaria y fiscal – que es fijada desde el Banco Central (BCRA)  con independencia de las necesidades de la Política Económica.

Dado que el balance del primer año de gestión del nuevo gobierno fue tomando un cariz más inoperante e incierto y que el país no sale de un cuadro de estanflación generalizado (recesión con inflación) era previsible que algo tenía que pasar: que algo tenía que hacerse para intentar reacomodar la imagen pública de las autoridades.

En tal contexto, resulta lógico pensar que la administración Macri, ante sus problemas irresueltos de alta inflación, caída de los ingresos fijos reales (asalariados y jubilados), retraso cambiario, caída del consumo, recesión, gasto público y déficit fiscal crecientes, problemas de balanza comercial y cuenta corriente de la balanza de pago y – en particular – nuevo sobre-endeudamiento público impagable, sacrificase alguna pieza de su plantel de funcionarios para tratar de presentar una imagen de cambio frente al año electoral que comienza después de haber mostrado su inoperancia en todos los campos citados.

Y para ello, nada mejor que echar a uno de los altos funcionarios que no era precisamente del entorno del Pro – núcleo original de la alianza Cambiemos – sino producto de alianzas electorales con otros grupos políticos y con estructuras de poder económico-financiero internacional (como el caso de la banca JP Morgan, de la que Prat Gay fuera alto ejecutivo).

Desde este punto de vista, la salida del ministro de economía estaría actuando como una suerte de cabeza de turco para evitar una catarsis colectiva del gobierno Macri (con la importante aclaración que ello no libera ni atenúa ninguna de las responsabilidades propias en las decisiones tomadas por el ex ministro desde su cargo).

Pero, sin enredarnos aquí en consideraciones y/o conjeturas acerca de las internas de la administración Macri, cabe identificar algunos puntos concretos donde la gestión del gobierno – con o sin la titularidad de Prat Gay en el MHFP – explicarían (si no justificarían) la necesidad de vender esta imagen de cambio ante la opinión pública frente a la falta de resultados reales positivos en sus políticas de Gobierno:

a)    La caída del mito de una nueva y fácil política de macro-endeudamiento público cuasi-irrestricto y sin demostración alguna de capacidad de repago, basada en la falsa idea que la deuda del Estado recibida de la administración Kirchner era manejable y que la confianza internacional iba a permitir que el gobierno colocase nuevos bonos externos en gran escala y con tasas de interés relativamente más bajas después de su rendición ante los holdouts.
b)    La frustración de que iban a llover inversiones extranjeras directas mientras, en la práctica, se creaban condiciones inversas al estímulo de verdaderas inversiones productivas debido a las medidas extraordinariamente favorables para la especulación financiera: tipo de cambio estable y retrasado con altas tasas de interés locales y libre movilidad de capitales.
c)    El debilitamiento de las expectativas de freno anti-inflacionario y crecimiento económico – el citado problema de estanflación - con sus secuelas de aumento de la pobreza, el desempleo y la consiguiente necesidad de más planes de contención social para sostener las consecuencias de su propia política económico-financiera.

Este cuadro de situación, producto de la herencia recibida de la administración Kirchner pero no revertida sino acentuada por el nuevo gobierno Macri está en el nudo de su actual problemática política frente a un año electoral.

La traducción práctica de esta encerrona financiera fiscal está centrada en el círculo vicioso de incremento de la deuda pública y sus servicios (deuda y servicios fuertemente crecientes del Tesoro Nacional, del Banco Central – BCRA – y de las Provincias), de su incidencia directa en el aumento del gasto público y, consecuentemente, del correlativo aumento del déficit fiscal, que a su vez se cubre con más endeudamiento.

Y la clave de todo esto se encuentra en la lógica de la deuda pública perpetua como forma de financiamiento estructural del Estado - hoy política macrista de gobernar con deuda - esto es, la inveterada práctica de refinanciar en forma total y permanente los vencimientos de capital  pagando cada vez más intereses y tomando simultáneamente más deuda nueva.

Las cosas se agravaron para la administración Macri – en el marco de un esquema financiero insostenible (como no sea colocando sistemáticamente más deuda) - cuando después del supuestamente exitoso allanamiento a las exigencias del juez Griesa y los fondos buitre[1] las facilidades relativas esperadas en el nuevo endeudamiento no se dieron y la tasa de riesgo-país no tuvo una baja significativa,[2] siendo así que hoy el país se encuentra frente a la aspiración de colocar más de 30.000 MD[3] de nueva deuda externa durante el 2017 cuando no existen las condiciones ni las opiniones externas favorables como para que esto ocurra en los términos que necesitan las autoridades nacionales.

De allí que la creación de un Ministerio de la Deuda Pública constituya hoy una suerte de blanqueo de la emergencia argentina derivada de la nueva Crisis de Deuda que las autoridades y el establishment financiero quieren ocultar: una crisis de endeudamiento perpetuo del que la administración Macri no puede ni quiere salir sino, por el contrario, profundizar.

Por eso se jerarquiza ahora aún más el área de la Deuda Pública y se promueve al frente del nuevo ministerio a otro funcionario - dentro de la dotación de CEO´s provenientes de la actividad privada que integran la actual administración -  como Luis Caputo, ligado a la banca Morgan (lo mismo que el ministro saliente Prat Gay), al Deutsche Bank y a la actividad bursátil de colocación de bonos públicos, como garantía de continuar y desarrollar la política del gobierno Macri de gobernar con deuda, de la que depende inexorablemente su estabilidad financiera y política.

Este nuevo Ministerio de la Deuda – cuyos detalles, aunque sólo sean de forma, todavía no se conocen porque aún no ha sido emitido el decreto correspondiente (que es otro DNU que modifica la Ley de Ministerios) – va a manejar las decisiones sobre la mayor suma de fondos públicos del Estado porque la Ley 27.341 de Presupuesto 2017 prevé la colocación de 1.727.200 M$ (equivalentes a 96.400 MD) de endeudamiento público durante el ejercicio y el pago de 247.600 M$ (≡ 13.800 MD) de intereses.


El total de vencimientos de capital durante el año – 1.042.500 M$ (≡ 58.200 MD) que serán íntegramente refinanciados (hasta el último centavo) porque toda la deuda que vence se paga con nueva deuda – más la toma de deuda adicional por 684.700 M$ (≡ 38.200 MD) y más el citado pago de intereses por 247.600 M$ (≡ 13.800 MD) – que se abonan en efectivo como parte del Gasto Público Corriente – implica que el nuevo Ministerio de la Deuda tomará decisiones sobre un monto de 1.974.800 M$ (≡ 110.200 MD), prácticamente unos 2 Billones de Pesos; mientras el total de gastos del presupuesto 2017 es de 2.363.600 M$ (≡ 132.000 MD).   

Desde un crudo punto de vista funcional, la gravedad del cuadro de situación de la Deuda Pública – y particularmente de la Deuda Externa oficial – explica la jerarquización del tema (y sobre todo del problema) a nivel de un ministerio específico y a la vez desnuda la realidad e importancia de la política de la administración Macri de gobernar con deuda.

Lic. Héctor L. GIULIANO
Buenos Aires, 27.12.2016
Archivo: GIULIANO ARTICULO 2016 12 27 MRIO DP



[1]  El arreglo con los holdouts – en Abril de este año - fue realizado mediante acuerdos secretos de los que hasta ahora no se tienen informaciones concretas, convenios éstos que están siendo investigados por la Justicia y que habrían dejado todavía la mitad de los pagos a los holdouts por hacerse (8.800 sobre el reconocimiento de 19.000 MD).
[2] La sobretasa por riesgo-país de la Argentina es actualmente de 480-450 puntos básicos (PB), es decir, de 4.8-4.5 puntos porcentuales por sobre la tasa que pagan los Bonos del Tesoro Norteamericano a 10 años de plazo (hoy 1.87 % anual), que se toman como referencia para el cálculo del índice EMBI+ de JP Morgan, lo que da un piso nominal para la colocación de títulos argentinos en el exterior entre 6.5-7.0 % anual o más según las evaluaciones pormenorizadas.
[3]  Las abreviaturas MD/M$ significan Millones de Dólares/Pesos respectivamente y se expresan siempre con redondeo, por lo que pueden darse mínimas diferencias entre totales y sumatoria de términos.

viernes, 23 de diciembre de 2016

Anticipo 2017 de PSR

"Segunda República" - 21 de diciembre de 2016 / Solsticio de Verano - Adrian Salbuchi describe los lineamiento del Plan de Acción del PSR/Proyecto Segunda República para 2017.






La soberanía en jaque: Argentina firmó acuerdo militar con Estados Unidos
diciembre 14 2016

El acuerdo fue firmado por el ministro de Defensa argentino, Julio Martínez, y el embajador de Estados Unidos en el país, Noah Mahmet. Fue anunciado el 13 de diciembre a puertas cerradas en la Embajada por Mahmet y Martín Lousteau (representante argentino en Washington).

Tanto los medios locales como internacionales mostraron la noticia como un dato intrascendente, o directamente la obviaron, aunque implica un cambio paradigmático en las relaciones militares suramericanas con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. El acuerdo se realizó entre el gobierno argentino y la Guardia Nacional del Estado de Georgia, unos de los principales centros militares y de la industria aeroespacial del mundo.

Desde el inicio de su gestión, Mauricio Macri había manifestado su deseo de ingresar a la órbita de países bajo el State Partnership Program (Programa de Colaboración Estatal, SPP por sus siglas en inglés), que coordina el Departamento de Defensa de Estados Unidos y en el que participa directamente la Guardia Nacional estadounidense. Argentina quedó seleccionado entre 16 candidatos, en un programa que ya cuenta con 73 miembros y en el cual ingresan entre dos o tres asociados por año.
El SPP es un programa que impulsa acciones militares conjuntas entre el Unified Combatant Command (Comando de Combate Unificado, UCC por sus siglas en inglés), que se organiza en base a objetivos geográficos. Fue creado por la administración de George H. Bush en 1989 con el objetivo de nuclear a los países ex miembros de la Unión Soviética.

Este organismo militar prioriza las acciones fuera del suelo estadounidense, siempre y cuando sean de principal interés para el Congreso de los Estados Unidos. El UCC se organiza en base a núcleos geográficos por zona. En este caso, Argentina ingresa bajo la órbita del United States Southern Command (Comando Sur de los Estados Unidos). Esto sucede al mismo momento que Donald Trump designa a John Kelly al frente del Departamento de Seguridad Nacional, quien lideró el Comando Sur entre 2012 y 2015. El presidente electo argumentó su elección debido al conocimiento de Kelly sobre la región, y dijo que "es la persona correcta para encabezar la misión urgente de detener la inmigración ilegal y asegurar nuestras fronteras".

Luego de conocerse el acuerdo entre Argentina y Estados Unidos, el jefe de la Oficina de la Guardia Nacional y general de la Fuerza Aérea, Joseph L. Lengyel dijo: "El SPP nos permite fortalecer los profundos lazos de confianza que ha creado la Guardia Nacional con un grupo muy amplio de socios en el extranjero, en todos los niveles de comandos de combate". "Estoy seguro de que la Guardia Nacional de Georgia y la Argentina se beneficiarán de la extraordinariamente rica variedad de competencias y experiencia que cada uno aportará a esta colaboración", afirmó.

Los objetivos formales del SPP son promover la interoperabilidad y enlazar las capacidades militares entre los países asociados. En este sentido, prioriza las zonas estipuladas por el Congreso estadounidense con el objetivo de "prevenir Estados fallidos y crear regiones estables", "mejorar capacidades de las naciones asociadas para proteger a sus ciudadanos", "reforzar relaciones para facilitar el acceso y la interoperatividad", "mejorar las capacidades culturales de los miembros del personal militar de Estados Unidos", como así también "habilitar la integración de reservas y activar componentes de fuerza a un plano de 'fuerza total'".

En lo concreto, en el caso argentino, el acuerdo se formalizó con la Guardia Nacional del Estado de Georgia y habilita a que sus miembros operen en este país y tomen decisiones con y por sobre las Fuerzas Armadas locales, en caso de considerarlo necesario. El acuerdo se enmarca principalmente en zonas fronterizas y desastres naturales, aunque no se descarta la actuación de fuerzas militares estadounidenses ante conflictos sociales, con el objetivo de "mantener la paz".

Para el gobierno de Macri, el acuerdo implica acceder a la gran industria aeroespacial radicada en el Estado de Georgia, donde operan más de 500 empresas de este tipo y residen ocho de las diez más grandes que controlan el sector en el mundo. El 42% de los contratos en materia aeroespacial que realiza el
Departamento de Defensa están radicados en ese Estado, lo que en el 2015 implicó una suma de 6.400 millones de dólares.

El interés central de la administración de Cambiemos son las posibles inversiones que se puedan lograr en materia aérea, aunque todavía no hay garantías de que éstas ocurran y a cambio se delega la soberanía territorial-militar y la seguridad interna. Este cambio puede traer consecuencias de grave impacto dentro del territorio argentino, en los albores de la era Trump.

Micaela Ryan  @LaMicaRyan


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